Campesinos piden legalización del paraíso que construyeron sobre la Ciénaga Grande de Lorica.
Salimos del municipio de Lorica y atravesamos el Complejo Cenagoso del Bajo Sinú en dirección a la vereda San Pablo, en el departamento de Córdoba. El recorrido de media hora sobre una carretera cuyas polvaredas no dan tregua termina en la casa del líder local Candelario Álvarez. Allí, en el patio de la vivienda, enmarcado por enormes árboles que nos protegen de un sol furioso, nos esperan reunidos en semicírculo un grupo de líderes históricos de la zona.
En medio de una problemática que incluye prácticamente todos los elementos característicos del conflicto interno colombiano (ausencia del Estado, grandes poderes económicos con intereses sobre la tierra, tráfico de drogas y otras economías que han soportado la guerra, etcétera), el llamado de estos hombres y mujeres al Gobierno se centra en la legalización de los terrenos de los cuales depende su seguridad alimentaria, y los cuales han sido habitados por comunidades campesinas desde mediados del siglo 20.
En medio de una charla que transcurre al ritmo de voces vehementes y pausadas, los representantes de la comunidad nos explican la dura tarea que ha sido transformar la ciénaga en un “paraíso”, como ellos mismos definen el paisaje rural a nuestro alrededor; una labor que ha requerido del esfuerzo y la convicción de los habitantes de la vereda durante décadas. “Aquí antes no había camino, nosotros íbamos a pie a la carretera y nos traíamos la carga en la cabeza, y si había un enfermo había que llevarlo en hombros”, rememora la lideresa Silvia María López.
El principal problema que enfrenta la comunidad del Bajo Sinú cordobés es que, por ley, los terrenos que ocupan y cultivan actualmente son inadjudicables. Sin embargo, como explica un estudio reciente realizado en el marco de la iniciativa ‘Transformemos Territorios Construyendo Paz’ por la Universidad de Córdoba y la Universidad Nacional acerca de las conflictividades en la región, “los mecanismos de regulación y ordenamiento como las juntas de manejo de baldíos inadjudicables pueden ser escenarios a través de los cuales las comunidades pueden participar y ejercer influencia organizada”.
De hecho, esta investigación también subraya que ya hace casi cuarenta años el enfoque de la institucionalidad había sido el de identificar las áreas constitutivas e imprescindibles del ecosistema para diferenciar las que corresponden al bien de uso público de los predios privados y así lograr una correcta regulación de los usos dentro y en los alrededores del complejo cenagoso en general. El problema radica en que “esta acción ha permanecido inconclusa por más de 37 años”, como indica el informe.
Lo anterior confirma que con voluntad política sí es posible encontrar una salida jurídica en pro de la protección del campesinado. “La ley 160 habla claro al respecto”, explica el líder Ambrosio Elicona Cardona en alusión a esta norma del 3 de agosto de 1994 que dice en su Artículo Primero: “Es deber del Estado promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios y a otros servicios públicos rurales, con el fin de mejorar el ingreso y la calidad de vida de la población campesina”.
El estudio de la Universidad Nacional identificó que algunas instituciones del Estado colombiano han permitido el acceso indebido a bienes públicos por parte de actores con intereses económicos sobre las tierras y los recursos naturales de propiedad común, mientras ha desprotegido los derechos de comunidades vulnerables. De hecho, existen denuncias contra algunas instituciones estatales por registrar predios a nombre de grandes propietarios que sobre la Ciénaga Grande del Bajo Sinú, en el norte de Colombia.
De esta manera, las comunidades que transformaron una planicie deshabitada en su paraíso prácticamente han terminado en una sin salida. Por un lado se encuentran rodeados por las ciénagas, parcelas y los playones en un complejo natural a los que la ley considera inadjudicables; y por otro, se encuentran acorralados por grandes extensiones de tierra en manos de ganaderos y latifundistas.
La conversación con el grupo de líderes de San Pablo se prolonga durante un par de horas. Nos hablan sobre otras problemáticas que les afectan, como la injusticia que representa para ellos las ganancias que obtienen los intermediarios que compran su producción. “Lo que uno vende en un millón de pesos, ellos le sacan hasta treinta millones”, nos explica indignado el líder Eliécer Madariaga.
También nos cuentan sobre las afectaciones ambientales que ha dejado la construcción y puesta en marcha de la Hidroeléctrica Urrá, la cual, como afirma el estudio de la Universidad Nacional, “afectó drástica y negativamente todo el ecosistema del Sinú, propiciando de manera continua las inundaciones súbitas en la ciénaga”.
Finalmente, al unísono muestran su preocupación ante la posibilidad de endosar la situación de inestabilidad jurídica que han vivido por décadas a las nuevas generaciones. Queremos que nos legalicen, es su clamor. A fin de cuentas, ¿quién que haya edificado un paraíso con sus propias manos donde antes no había nada, no espera al menos que sus hijos y nietos puedan vivir pacíficamente en él?
A continuación, los líderes históricos de la vereda San Pablo toman la palabra para explicarnos su caso.
Foto: VEREDA SAN PABLO- CÓRDOBA-FOTO: FUNDACIÓN CHASQUIS
Trabajo periodístico del portal transformemospaz.com
