‘Cartel de la hemofilia’: tres ex funcionarios responderán fiscalmente por el irregular pago millonario a una IPS

‘Cartel de la hemofilia’: tres ex funcionarios responderán fiscalmente por el irregular pago millonario a una IPS

Mientras la Contraloría General de la República absolvió de responsabilidad fiscal al ex gobernador de Córdoba, Edwin Besaile, por el ‘cartel de la hemofilia’, dos ex secretarios de salud y un auditor médico sí tendrán que hacerlo.

La ratificación de la sanción fiscal pesa sobre los ex secretarios de salud de la Gobernación de Córdoba, Alfredo Aruachán Narváez y José Jaime Pareja Alemán. Además, le ratifican la decisión en contra de Juan David Chejne Náder, en su momento, auditor médico.

Los tres deberán responder fiscalmente por el daño que se les hizo a las arcas de la salud en Córdoba, especialmente en el caso del pago irregular de una cuenta por 1.500 millones de pesos a la IPS San José de la Sabana.

A juicio de la Contraloría General, la irregularidad de ese pago en el marco del ‘cartel de la hemofilia’ nació en la Secretaría de Salud representada en ese entonces por Alfredo Aruachán Narváez, quien ordenó el servicio médico para asistir a 14 presuntos pacientes hemofílicos y con una falsa motivación del acto administrativo, ordenó pagar a la IPS atenciones médicas que no se prestaron. Eso ocurrió en la administración de Alejandro Lyons.

Cuando llega el Gobierno de Edwin Besaile, la cuenta estaba pendiente por pagar, luego de los trámites irregulares con los que se había concebido.

Aquí entra en escena, José Jaime Pareja Alemán, nombrado secretario de salud departamental. La Contraloría señaló en su más reciente fallo que, él fue quien autorizó pagar la cuenta a la IPS, la misma que encontró diligenciada, pero que no revisó y pasó por alto que el servicio no se había prestado, permitiendo de esa manera la irregularidad.

En esa cadena de mando y responsabilidades, la Contraloría ratificómla sanción fiscal en contra del entonces auditor médico, Juan David Chejne Náder, a quien señalan de haber obviado las inconsistencias que presentaban las facturas y los soportes que dieron lugar al pago millonario.

Se supone que, con estos procesos de responsabilidad fiscal, de su propio pecunio, deberán responder al Estado por el desfalco del que han sido individualizados. En muchos de los casos queda en letra muerta, porque se declaran insolventes y las propiedades que hayan podido tener, han sido transferidas a nombre de otros.