Desmantelan banda que explotaba sexualmente niñas indígenas

Desmantelan banda que explotaba sexualmente niñas indígenas

La Fiscalía y la Policía desmantelaron una organización criminal que reclutaba menores de edad en el sur del país, para luego explotarlos sexualmente en diferentes países de la región.

En este propósito se adelantó la ‘Operación trasnacional Abeona fase II’ en la que fue desarticulada la estructura conocida como ‘Los Amazónicos 2’ o ‘Triple Frontera’.

Las investigaciones fueron iniciadas tras conocer 200 actividades investigativas entre interceptaciones, seguimientos y búsquedas selectivas en bases de datos que evidenciaban cómo ‘Los Amazónicos 2’ usaban Leticia como su centro de operaciones.

Esto llevó a que se realizaran cinco allanamientos en los que fueron capturadas 13 personas, 3 de las cuales hacían parte de comunidades indígenas locales; otros, eran comerciantes que ponían en contacto a menores con compradores habituales que reclamaban servicios sexuales.

El material probatorio permitió evidenciar que por cada menor los traficantes cobraban entre 200 y 300 mil pesos.

Así operaban

Labores de seguimiento sumadas a testimonios de residentes y víctimas evidenciaron cómo varios de los integrantes de la banda aprovechaban su cercanía con comunidades indígenas para llegar a las menores de 14 años.

Algunos de los capturados, quienes se desempeñaban como mototaxistas eran los responsables de ubicar las víctimas en colegios donde contactaban colegialas de diferentes grados de bachillerato para sostener relaciones íntimas con hombres mayores. Para evadir las normas y controles los tratantes llevaban a las niñas fuera de las fronteras nacionales para consumar el ilícito en Brasil o Perú.

Otros de los implicados en este delito son trabajadores o dueños de establecimientos de comercio y un billar a los que llegaban las menores de edad para adquirir 2 diferentes productos, momentos en los explotadores sexuales aprovechaban para establecer vínculos entre las víctimas y los abusadores.

Interceptaciones telefónicas y testimonios de residentes locales y de las niñas abusadas, le permitieron a la Policía Judicial identificar, al menos, 10 víctimas de este delito, todas integrantes de diferentes comunidades indígenas y que en su mayoría venían siendo vulneradas desde que eran menores de edad.

Las pruebas recopiladas por la Fiscalía permitieron que un juez avalara la realización de cinco allanamientos. Fueron capturadas en Leticia (Amazonas) de 12 integrantes del Grupo de Delincuencia Común Organizada, uno más lo fue en San José del Guaviare (Guaviare). Los investigadores se desplazaron a las zonas de régimen especial donde para concretar las capturas contaron con el aval de autoridades indígenas.

Los 13 capturados fueron imputados por la Fiscalía por los delitos de concierto para delinquir agravado, trata de personas, demanda de explotación sexual, entre otros, con menores de 14 años. Nueve de los implicados fueron cobijados con mediada de aseguramiento, tres de ellos tienen medida privativa de la libertad en cabildos indígenas.

Los operativos permitieron la vinculación al proceso de siete inmuebles sobre los que se aplicaron medidas cautelares de extinción del derecho de dominio. Los mismos, al parecer, eran usados como centros de operación para la explotación sexual de las víctimas.



Las pruebas recopiladas por la Fiscalía permitieron que un juez avalara la realización de cinco allanamientos. Fueron capturadas en Leticia (Amazonas) de 12 integrantes del Grupo de Delincuencia Común Organizada, uno más lo fue en San José del Guaviare (Guaviare). Los investigadores se desplazaron a las zonas de régimen especial donde para concretar las capturas contaron con el aval de autoridades indígenas.

Los 13 capturados fueron imputados por la Fiscalía por los delitos de concierto para delinquir agravado, trata de personas, demanda de explotación sexual, entre otros, con menores de 14 años. Nueve de los implicados fueron cobijados con mediada de aseguramiento, tres de ellos tienen medida privativa de la libertad en cabildos indígenas.

Los operativos permitieron la vinculación al proceso de siete inmuebles sobre los que se aplicaron medidas cautelares de extinción del derecho de dominio. Los mismos, al parecer, eran usados como centros de operación para la explotación sexual de las víctimas.

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