Fallo de responsabilidad fiscal por el ‘Cartel de la hemofilia’ en Bolívar tocó al exgobernador Juan Carlos Gossaín

Fallo de responsabilidad fiscal por el ‘Cartel de la hemofilia’ en Bolívar tocó al exgobernador Juan Carlos Gossaín

La Contraloría General de la República emitió fallo de responsabilidad fiscal por $26.274 millones por el ‘Cartel de la Hemofilia’ en el departamento de Bolívar que involucra entre otras personas al exgobernador de esa región, Juan Carlos Gossaín.

En la audiencia, el Contralor Delegado Intersectorial No. 2 de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción de la Contraloría General de la República, José Miguel Char Chicre, dijo que a este proceso fueron vinculados el exgobernador de Bolívar, Juan Carlos Gossaín Rognini y tres funcionarios que lo acompañaron en su administración, Ana María del Carmen Alvarez Castillo, en su calidad de Secretaria de Salud Departamental; Bertha María Pérez López, quien ejerció este mismo cargo como encargada; y Nacha Newbal Jiménez, como directora de la Unidad de Aseguramiento y Prestación de Servicios de Salud de esa misma dependencia.

Durante la lectura del fallo de primera instancia, se confirmó que, también están vinculados la Fundación Ciénaga de la Virgen, representada legalmente por Emperatriz Agamez Meléndez, en calidad de contratista. La IPS Asistencia Integral de Servicios en Salud -Asistegral, representada legalmente por Gloria Patricia Giraldo Jaramillo. Candelaria Valdelamar Martínez, representante legal del Hospital La Divina Misericordia de Magangué. La Fundación Renal de Colombia, representada por Gabriel Enrique García Sotelo y Luis Eduardo Ortiz Herrera, en calidad de Auditor Médico, Líder del Programa de Prestación de Servicios de Salud.

La Contraloría General de la República imputó responsabilidad fiscal a todos los señalados, por los pagos que, atendiendo fallos de tutela, realizó la Secretaría de Salud Departamental por la supuesta atención integral de pacientes hemofílicos, que debió estar a cargo de las EPS a las que estaban afiliados dado que los servicios médicos para el tratamiento de la enfermedad se encontraban cobijados en el Plan Obligatorio de Salud (POS)

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