Editorial

Inundaciones y plata: ¿cada una por su lado?

Desde hace ya un tiempo el departamento de Córdoba ha sufrido de inundaciones. Situaciones que se repiten año tras año y que dejan pérdidas materiales y en el peor de los casos, de vidas.

Y este año no ha escapado a la realidad. Poblaciones a orillas de los ríos Sinú y San Jorge ya sufren con inundaciones que en muchos casos se pudieron prevenir o contener.

Días atrás, GS Noticias informó que “el Gobierno Nacional les aprobó (al municipio de Lorica) proyectos por el orden los de 30 mil millones de pesos para intervenir puntos críticos de desbordamiento sobre la cuenca del río Sinú”.

Esos proyectos fueron aprobados en el Pacto Golfo de Morrosquillo pero la tramitomanía no permitió que se hayan contratado aún. Es como tener sed, el vaso del agua al lado y no poder tomarlo.

Lorica gestionó esos recursos y antes de rematar el año promete invertirlos, es decir, las obras se contratarán en plena temporada invernal. Bien dicen que el verano es el mejor ingeniero, aquí es al revés.

Lo que más preocupa es que las inundaciones son advertidas con antelación. La Corporación Autónoma Regional del Valle del Sinú y San Jorge (CVS) siempre ha monitoreado el nivel de las aguas y ha estado presta a que su conocimiento esté al alcance de los entes territoriales.

Ahora bien, haciendo memoria, en 2017 en una sesión del Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD) que se llevó a cabo en Cartagena y donde se le adjudicaron a Córdoba 26 mil 922 millones. ¿Dónde están y cómo se ejecutaron? y ¿en qué puntos del departamento.? Seguramente hay actas de inicio y entrega a satisfacción, pero nada que arregle de fondo el problema. Hay que volver a contratar.

Es bien sabido que en época de inundaciones los dineros destinados a mitigación no llegan a buen puerto o por lo menos no todos. Volvemos al círculo vicioso de por qué si los dineros se invirtieron, entonces por qué ocurren las inundaciones.

“Es que no alcanzó porque solo se intervinieron puntos críticos de manera provisional”, dirán los eruditos. Pero, ¿no es responsabilidad de los entes territoriales de la mano de sus expertos en monitorear e informar de anomalías en los caudales de los afluentes y llegado el caso de pedirle más dinero al Gobierno Nacional?

“Es que no hay plata”, dirán otros. ¿Y entonces de dónde sale la que les dan a los municipios cuando ya hay un desastre? Aquí salen los decretos de calamidad pública que permiten liberar el presupuesto para que contraten libremente.

Sé que para todos estos interrogantes las leyes tendrán respuestas rimbombantes, llenas de términos legales y de vericuetos jurisprudenciales. Esos que un campesino que hoy está con el agua al cuello no entiende. Su única certeza es que tendrá que esperar a que las aguas se calmen para retomar su faena, mientras, el Estado desde el páramo sigue enviando plata que a lo mejor se perderá también entre la fuerza de las aguas.

Ya para terminar, la CVS le ha planteado al departamento, a los alcaldes y al Gobierno Nacional las obras definitivas que no solo son de infraestructura en los puntos críticos, pero nadie les presta atención. En los documentos reposan las actas y constancias, así como los llamados de evacuación.

Un claro panorama que muestra que la desgracia para unos es la oportunidad de rebusque para otros, especialmente a los que no les interesa acabar con el problema de raíz, es como matar la “gallina de los huevos de oro”.

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