Junto a la cúpula militar y policial, el ministro de la defensa, Guillermo Botero, se pronunció públicamente para explicar los detalles de la operación en el que fue abatido Gildardo alias “El Cucho” y 13 personas más, entre ellas varios menores de edad.

La respuesta del ministro se origina del debate de moción de censura en su contra al ponerse al descubierto en el Senado que en el bombardeo en el Caquetá murieron siete menores de edad y que la información había permanecido oculta desde el pasado mes de agosto.

“Todas las operaciones militares están precedidas de una fase de planeamiento denominada proceso militar de toma decisiones. Este proceso está acompañado en todas sus fases del asesor jurídico operacional, figura que se implementó en todas las Fuerzas Militares en 2008 por mandato de la política integral de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de Defensa Nacional”, dijo en su declaración.

El ministro agregó que, “todos los resultados reportados en el marco de operaciones militares son de conocimiento de la Fiscalía General de la Nación”.

De igual manera, añadió que “una vez se reportan los hechos se procede a realizar los actos urgentes que comprenden las primeras diligencias de levantamientos de cadáveres y las necropsias que corresponden a la labor técnico-científica que debe orientar las investigaciones. Estos actos urgentes siempre son realizados por funcionarios con atribuciones de Policía judicial”.

Asimismo, el jefe de la cartera aseguró que las labores de identificación de cadáveres corresponden exclusivamente a Medicina Legal que reporta a la autoridad judicial los informes para la valoración que en derecho corresponda.

“El Ministerio de Defensa no ha recibido a la fecha solicitud de información por parte de la Fiscalía en relación con posible responsabilidad de miembros de la fuerza pública”, añadió.

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