Suspenden al alcalde de Tierralta por presuntos sobrecostos en contratos para compra de mercados

Suspenden al alcalde de Tierralta por presuntos sobrecostos en contratos para compra de mercados

Procuraduría General de la Nación solicitó la suspensión provisional por 3 meses del alcalde Tierralta, Córdoba, Daniel Enrique Montero Montes, y del secretario de Gobierno, Loyar Manuel Pineda Delgado, por presuntos sobrecostos en un contrato por $750 millones para la adquisición de mercados para atender la emergencia sanitaria por causa del covid-19.

El ente de control decidió abrir formalmente investigación contra los dos funcionarios para establecer la presunta comision de irregularidades en la etapa contractual y una supuesta violación a los principios de responsabilidad, selección objetiva y planeación, ante la aparente ausencia de estudios previos y análisis de mercado, la identificación de la población objeto y beneficiaria de las ayudas, y de las bases de datos para verificar la focalización e identidades de las personas que están recibiendo las ayudas.

Se busca establecer si no se acreditó la experiencia por parte del proponente y si no se le habría exigido la capacidad financiera y organizacional, y si se presentaron sobrecostos en el Contrato 042, del 26 de marzo, que podrían ser del orden de $190 millones de pesos, para la adquisición de 10 mil kit de mercados, cada uno a $50.000, 10.000 de $25.000.

La Procuraduría busca establecer si el alcalde y el secretario, en su condición de supervisor del contrato, incurrieron en una falta disciplinaria, los motivos determinantes, las circunstancias de tiempo, modo y lugar, el perjuicio causado a la administración pública y su grado de responsabilidad.

Con la medida cautelar de suspensión en el cargo del alcalde y su secretario por tres meses se busca evitar la reiteración de la comisión de la falta y una eventual interferencia en la práctica de las pruebas ordenadas.

Los investigados podrán solicitar ser escuchados en versión libre.

Este proceso entra al programa ´Transparencia para la emergencia´, que lideran la Contraloría General de la República, la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación.

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