Por: Javier Araújo Morelos
Para estos días, y siguiendo el marco jurídico, todas las administraciones departamentales y municipales del país deben elaborar sus planes de desarrollo.
Para estos días, y siguiendo el marco jurídico, todas las administraciones departamentales y municipales del país deben elaborar sus planes de desarrollo.
Desde mediados del siglo XX, se consignó una visión del estado interventor que está obligado a “promover el desarrollo”, hoy estipulado en la Ley Orgánica de Planeación de 1994.
En las diferentes localidades, los mandatarios y secretarios de planeación realizan los consejos territoriales, y organizan consultas para conocer la visión de la ciudadanía.
Sin embargo, a pesar de estas actividades, está claro que el plan de desarrollo abraza la intención programática del mandatario de turno, es decir, debe concretar sus propuestas en lineamientos, planes y programas.
Entonces, no es de todo cierto que en ese plan de desarrollo plasmen todo lo que la gente quiere, aunque se hagan los consejos que se hagan, y vayan donde vayan, porque la verdadera voluntad está consumada el día en que se ganó la contienda electoral, y es el pensamiento del ya elegido alcalde o gobernador.
En realidad, la gente no hace el plan de desarrollo, sino que se expresa frente a las propuestas de la administración.
Si estas consultas se hicieran en compañía de ONGs, el esfuerzo seria de pronto más útil, frente a cada uno de los problemas, los cuales a veces demandan conocimientos más complejos.
En ciertas ocasiones, estas reuniones se vuelven tediosas, tendenciosas, y defensivas, frente a las observaciones que se hacen desde la sociedad civil hacia las organizaciones del estado.
Organizaciones que deberían conocer mejor los problemas sociales, pero que es desde ellas donde se gestan estos focos de vulnerabilidad, porque la corrupción está por doquier.
Un problema muy común son los Consejos Territoriales de Planeación (CTP), estos se vuelven un circo de formalismo y ceremonia, donde no se presta la debida atención a la población, sino que es parte del protocolo que se ha venido haciendo.
Este es el momento de la pantalla, de la fotografía, donde los que nunca se cansan de hacer política no desaprovechan el momento para posar y salir en los medios, medios que en su mayoría ya han asegurado sus pautas, y así mostrarse de cara a la comunidad.
Como los mecanismos de vigilancia de estos procesos son bastante pobres, no hay manera de saber qué tanto de inclusión de la comunidad tienen estos planes.
Planillas, computadores, etc., son los necesarios para desarrollar los Consejos Territoriales de Planeación, pues la idea es que quede registrado en primera plana dicha actividad.
He tenido la oportunidad de asistir y analizar todas estas actividades, y me dejan una impresión de que muchas las recomendaciones son ignoradas, porque como dije antes, es la voluntad del nuevo mandatario la que se impone.
No sobra decir que se pueden hacer labores de seguimiento a los planes de desarrollo, que se puede hacer vigilancia a esta ruta de gobernabilidad, para que en las futuras rendiciones de cuentas el comité de aplausos se sienta indeciso.
De verdad, me gustaría que los planes de desarrollo en concejos y asambleas fueran realmente importantes.
En el caso de Montería, sería bueno que se discutiera a fondo la propuesta de construir una ciudad más segura, que es el atractivo preferido de los visitantes.
Que no haya una exclusión de las clases más desfavorecidas, y que la equidad sea la bandera que conduzca a una verdadera sociedad sólida en respeto y valores.
