El gobierno publicó el proyecto de decreto que deja en manos de la policía esta actividad para combatir los cultivos ilícitos.

Esa actividad estará a a cargo de la Policía y tendrá vigilancia de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, el Instituto Nacional de Salud, INS y veedurías ciudadanas.

Asimismo, que se realizarán estudios sobre los efectos del herbicida en las poblaciones expuestas y que estos serán previos, durante y posteriores a la fumigación; que habrá un procedimiento independiente para que los ciudadanos presenten quejas sobre las diversas afectaciones que puedan generarse; y, en general, que el proceso de fumigación contará con mayor participación ciudadana y un fácil acceso a la información. 

El proyecto de decreto busca retomar la técnica de fumigación que fue suspendida en 2017 por la Corte Constitucional, tomando nota de las recomendaciones que hizo ese alto tribunal sobre contemplar los riesgos para la salud y el medio ambiente que supone el uso del herbicida.

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