Vigencia de la Ley de Víctimas irá hasta el 2031

Vigencia de la Ley de Víctimas irá hasta el 2031

El pasado viernes se aprobó, en las plenarias del Senado y la Cámara de Representantes, la conciliación del proyecto de ley mediante el cual se prorrogó la vigencia de la Ley 1448 del 2011, más conocida como Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Según el texto, la norma tendrá efectos hasta el 10 de junio del 2031.

Es necesario recordar que la iniciativa surgió luego de que la Corte Constitucional profiriera la Sentencia C-588/19, en la que declaró inexequible la vigencia original de 10 años que contemplaba la Ley 1448, y que se cumplían el 10 de junio de 2021.

En dicha sentencia la Corte consideró que la expresión iba en contravía de la Constitución, en tanto al no existir certeza sobre si el Legislativo prorrogaría la ley o expediría nuevas normas sobre la materia se estaría dejando sujeto a la incertidumbre el andamiaje jurídico sobre el que está construido el régimen de protección a las víctimas del conflicto armado en el país, el cual comprende las garantías de verdad, justicia y reparación.

Lo anterior, en consideración del alto tribunal, impactaría sustancialmente la implementación del Acuerdo de Paz, teniendo en cuenta que los compromisos allí instituidos se establecieron de manera articulada con la ley.

En su decisión, la Corte exhortó al Gobierno Nacional y al Congreso para que prorrogaran la ley o expidieran un nuevo régimen sobre este asunto indicando que, de no hacerlo, la vigencia de la ley de víctimas iría hasta el 7 de agosto de 2030, de tal forma que coincidiera con el término que estableció el Acto Legislativo 02 del 2017 para blindar jurídicamente el cumplimiento de los compromisos del Acuerdo de Paz.

La ley surgió de dos proyectos de ley radicados por los representantes María José Pizarro y John Jairo Hoyos.

El pasado mes de julio, Ramón Rodríguez, director de la Unidad de Víctimas y Restitución de Tierras, manifestó que para la Unidad la prórroga de la Ley 1448 era vital, “con el fin de mantener el régimen de protección especial de los derechos de las víctimas del conflicto armado, de acuerdo con los parámetros definidos por [la Corte Constitucional] y, así, continuar avanzando en la garantía de los derechos a la atención, asistencia y reparación integral”.

El proyecto pasa ahora a sanción por parte del Presidente de la República.

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