En desarrollo del estudio para aprobación del Plan de Ordenamiento Territorial, el Concejo de Montería fue advertido de presuntas falencias del proyecto sustentadas ambientalmente por la firma de abogados De La Espriella Lawyers.

El abogado de ese bufete, Javier De La Hoz, reveló que en documento enviado a los concejales precisa que el POT está usando un modelo errado que cuando lo aterriza a la cartografía municipal declara suelos de protección sobre áreas que ya están consolidadas y urbanizadas.

El profesional del derecho, especialista jurídico en estos temas y quien hace varios años fue contratado para asesorar el estudio del POT que solo termino siendo elaborado a finales de 2020, sustentó con pruebas que hay por lo menos 434 predios que se afectarán por las falencias ambientales planteadas en el plan.

“Montería no puede seguir siendo vendida como biodiversa y sostenible sin ordenamiento adecuado, aprobando planes a la ligera, sin estar ajustada a la legalidad y normatividad técnica”, precisó el abogado contratado por varias personas que evidencian que sus predios serán afectados.

Explicó que a los afectados les están imponiendo cargas que el particular con la imposibilidad de ejercer a plenitud el derecho a la propiedad con base en modelos que distan de la cartografía original del municipio.

Colocó como ejemplo que la zona industrial señalada en el POT de Montería lo muestra como zona de protección ambiental, en consecuencia, no puede proyectarse construcciones de ese tipo porque riñe con lo estipulado en el plan.

“El estadio de fútbol de la ciudad de Montería está construido sobre suelos de protección, afectación ambiental por el área de influencia del relleno sanitario. Entonces se somete a la ciudad a daños patrimoniales gigantes y se expone a que le demanden y anulen el POT”, precisó el abogado.

En ese sentido, les pidió a los concejales de Montería no cometer errores de pasado, rectificar los mismos en este nuevo POT y verificar la ley 388 de ordenamiento territorial y sus decretos reglamentarios donde se obliga al ente territorial a tener recursos para cubrir afectaciones, para asumir cargas que se les imponen a particulares.

Dejó claro también que la omisión puede originar una sanción disciplinaria al servidor que siendo advertido de una irregularidad ordena la aprobación de un acto administrativo tan determinante como la planeación territorial de un municipio.