Asamblea de Córdoba, “lo barato sale caro”

Ese viejo refrán le cae como anillo al dedo a la Corporación, Asamblea de Córdoba que, por ahorrarse unos pesos, contrató en el año 2019 a la Corporación Universitaria de la Costa para que realizara el proceso de evaluación de hojas de vida y pruebas de conocimiento que permitieran calificar y escoger una terna con los nombres de las tres personas con mayor puntaje para que los diputados en 2020 eligieran el próximo contralor departamental.

Lo que nadie entiende y genera suspicacia, es que una universidad privada, que no tiene sede en Córdoba, contrate con el Estado y oferte sus servicios gratuitamente.

La mesa directiva de la Asamblea de Córdoba para el año 2019 y bajo la presidencia del diputado y luego reelecto por el partido de la U, Jaime Bello, tuvo en sus manos dos ofertas. Una de la Universidad de Córdoba que para el contrato cobraba ocho millones de pesos y otra de la de la Corporación Universitaria de la Costa, CUC.

En términos de ahorro, es lógico que la Asamblea se inclinara por la CUC. Así lo hicieron pero deja muchas dudas y hasta la impresión suspicaz que por “debajo de la mesa” había otro tipo de acuerdos.

¿Quien contrata con el Estado para no ganar, a pesar de un delicado trabajo que implica hasta traslado de personal?, solo la CUC, que dicho sea de paso lo hizo en varios departamentos con el mismo objetivo, manejar los concursos de elección de contralores.

El convenio interadministrativo es aquel acuerdo de voluntades, entre dos o más entidades públicas, que actúan en pro del cumplimiento de los fines esenciales del Estado y los propios de cada entidad cuya principal característica es que por lo menos una de las entidades tiene una CONTRAPRESTACIÓN directa que se refleja en una ganancia o utilidad económica directamente relacionada por el cumplimiento del objeto del contrato.

Lo que se ‘ahorró’ la Asamblea con la CUC que le ‘regaló’ el proceso, le está saliendo caro a la Corporación. No han podido elegir por presuntas irregularidades cometidas por la universidad en la revisión de las hojas de vida y calificación de postulados. La lupa está puesta en la nueva mesa directiva y que hará con las advertencias del Ministerio Público.

Por lo pronto el proceso está suspendido.

La Procuraduría está indagando sobre el tema, requerirá a la mesa directiva de la Asamblea del año 2019 y la misma Corporación Universitaria de la Costa. Con base en pruebas determinará si hay méritos para abrir o no investigación formal de un convenio barato que puede salirle caro a los honorables diputados.

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