Caso Andrés Mayorquín puso al Gobierno Nacional a apretarse bien los pantalones
Como consecuencia de las presuntas irregularidades en materia de contratación que habría cometido Andrés Mayorquín, exasesor de la jefe de Gabinete del Gobierno de Iván Duque, María Paula Correa, al presuntamente favorecer a su esposa, el Gobierno Nacional acaba de emitir la directiva presidencial 01 de 2022 con la cual buscará fortalecer los controles y prevención en procesos de contratación pública.
Se trata de una directriz en la que se enumeran una serie de medidas que solidificarán la normatividad ya vigente, debido a que, según el Gobierno Nacional, existía un vacío en casos de contratación de las órdenes de prestación de servicios.
“Lo que se está buscando es tener medidas proactivas que permitan que situaciones como esta se vuelvan a presentar y por eso uno de los puntos lo que busca es que, precisamente, las áreas de contratación de las entidades accedan a plataforma de contratación pública, para que toda la información en el proceso contractual esté disponible y se pueda verificar que una persona está en capacidad de ejecutar más de un contrato a la vez”, señaló Víctor Muñoz, director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre).
Una de ellas es la investigación disciplinaria que se adelanta contra Andrés Mayorquín Bocanegra, cuyo fallo se conocería en primera instancia en los próximos días, según indicó el jefe de Dapre. “Otra medida es la revisión extensa de cada uno de los contratistas y contratos vigentes, para identificar y corregir cualquier irregularidad que se esté presentando”, añadió.
Aseguró que no está prohibido por la ley que una persona ejecute varios contratos al tiempo, sin embargo, aclaró que en el caso de Karen Vaquiro, esposa del exasesor Mayorquín Bocanegra quien ya está siendo investigado por la Procuraduría General, lo que se busca es verificar la capacidad e idoneidad para ejecutarlos al mismo tiempo.
“Estamos creando un procedimiento adicional y aquí lo que estamos haciendo es que sea obligatoria la verificación durante el proceso contractual. Lo segundo, que tiene que ver con las hojas de vida y que se ha exigido a la Función Pública, es que en el término de un mes haga los ajustes tecnológicos para que se registre toda la información hasta segundo grado de consanguinidad y también se puedan evaluar estos posibles conflictos de interés”, explicó Muñoz.
La actuación también establece que “antes de la suscripción de cualquier contrato de prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión, se deberá verificar si el contratista tiene suscrito con cualquier entidad del Estado algún otro u otros contratos de la misma naturaleza”.
Igualmente, el funcionario de la Dapre indicó que “la ‘Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente’ le enviará semestralmente información a la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales con el fin de que vele por el cumplimiento de las obligaciones parafiscales”. E indicó que “las entidades harán seguimiento continuo, consultando y analizando la información registrada y declarada en las plataformas tecnológicas del Estado disponibles, incluyendo las modificaciones ocurridas durante el tiempo de ejecución, para identificar potenciales conflictos de interés y hacer la gestión de riesgos en la toma de decisiones”.
Muñoz precisó que cuando la entidad identifique irregularidades en el proceso contractual, instantáneamente deberá reportar la información correspondiente a las autoridades competentes.
