La decisión cobija inicialmente a 4 exvicepresidentes de la Agencia Nacional de Minería –ANM y a la empresa concesionaria Cerro Matoso S.A.
De los $619 mil millones establecidos como detrimento patrimonial, aproximadamente $231 mil millones corresponderían a regalías dejadas de pagar por haber deducido a gastos no pertinentes, como vestieres, cafetería, hotel y clubes.
Otros $386 mil millones corresponderían a regalías dejadas de pagar por costos de procesamiento y transporte de níquel deducidos que no se encuentran claramente demostrados.
Y un estimado de $2.400 millones corresponderían a regalías no pagadas por la explotación del hierro contenido en el ferroníquel producido y comercializado.
El proceso de responsabilidad fiscal permitirá determinar quiénes deberán resarcir el daño patrimonial provocado, tomando la versión de funcionarios públicos y el concesionario vinculados, para determinar qué sucedió y el monto definitivo del detrimento, señala el Contralor General, Carlos Felipe Córdoba.
