La Corte Constitucional acaba de acoger la petición hecha a través de una acción de tutela que presentaron varias organizaciones sociales y determinó que se desconoció el derecho a la participación de las comunidades campesinas que residen en los municipios donde se implementará el Programa de ‘Erradicación de Cultivos Ilícitos’ que presentó la Policía Nacional.
A raíz de tal interpretación, la Corte optó por tumbar la resolución con la cual la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) había dado su visto bueno a ese programa que contempla la aspersión con glifosato y ordenó una nueva consulta previa con las comunidades de 104 municipios en 14 departamentos del país.
