Demanda presentada por la Unidad de Restitución de Tierras, indígenas en Córdoba pretenden recuperar más de 4 mil hectáreas despojadas

La diligencia estuvo encabezada por el Director General de la URT, Andrés Castro, quien fue acompañado por 10 miembros del Cabildo Mayor de los resguardos Quebrada Cañaveral y Dochama – Alto Uré.

Con la demanda serán beneficiadas 1.074 personas que hacen parte de 262 familias pertenecientes a 20 comunidades del Pueblo Embera Katío del Alto San Jorge, y que están distribuidas en las cuencas de los ríos San Jorge, San Pedro y Uré, en jurisdicción de los municipios de Montelíbano, Puerto Libertador y San José de Uré.

El objetivo es recuperar 4.618 hectáreas de la comunidad del Resguardo Quebrada Cañaveral, que por décadas ha sido víctima de desplazamiento por la presencia de grupos armados, disputa de los territorios por cultivos ilícitos, violaciones a sus derechos fundamentales, abandono y confinamiento.

“Además de la titularidad colectiva de la propiedad, buscamos que haya un reconocimiento de la condición de víctimas de los integrantes de esta comunidad; y a partir de esto, una serie de medidas de reparación integral por parte del Estado, que llevará salud, educación, servicios públicos, proyectos productivos y medidas de protección para estas comunidades afectadas por grupos armados ilegales”, aseguró el Director General de la Unidad de Restitución, Andrés Castro.

Además, entre las pretensiones de la demanda se encuentra la solicitud a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) para que haga la verificación de los linderos del resguardo Quebrada Cañaveral; y termine los procesos de constitución del Resguardo Dochama – Alto Uré, solicitado desde 1978, a favor de las parcialidades Batatadó, El Bosque y Dochama – Dandadó.

También se solicita a la Unidad de Víctimas (UARIV), reconocer a los integrantes de estas comunidades indígenas como víctimas de la violencia y diseñar e implementar el Plan Integral de Reparación Colectiva, entre otros beneficios que deben ser otorgados por varias entidades del Estado a los damnificados.

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