Un contundente reclamo a las autoridades electorales hicieron concejales de Montería, luego de revelar pruebas con las que consideran se están tipificando delitos como tráfico, compra y venta de votos para las elecciones de octubre.

En el debate sobre delitos electorales citado por el concejal Amaury Contreras, se denunció que candidatos a cargos de elección popular pagaron a 15 y 20 mil pesos un número inusitado de ciudadanos en puestos de votación para tener control de ellos el día de las elecciones cuando recibirán 75 y 89 mil pesos, solo para cancelar el sufragio por un aspirante, llámese Alcaldía, Concejo, Asamblea o Gobernación.

Con cifras oficiales reportadas por la misma Registraduría, Amaury Contreras, dijo que no es posible que a pesar de tres denuncias públicas hechas desde el Concejo con copias de actas a las autoridades electorales, no haya una sola investigación en curso.

Pero llamó la atención que después de las primeras denuncias, aprovecharon la última semana de inscripción y se llevaron buena parte de los inscritos a otro puesto de votación, como para tratar de evitar sospechas y desvirtuar las advertencias hechas desde la Corporación.

Puso como ejemplo el caso del puesto de votación en el colegio Antonio Nariño donde se habían inscrito 458 personas y en la semana del 8 al 14 de julio sorpresivamente ese número de cédulas registradas, se cambiaron de lugar para sufragar en octubre.

“¿No somos capaces de enfrentar las mafias electorales?” preguntó abiertamente el concejal al reclamar eficacia de autoridades como la Registraduría, Consejo Nacional Electoral, y la misma Fiscalía, ausentes en el debate, a pesar de sendas invitaciones con anterioridad.

Puntualizó señalando que, “en Montería y Córdoba no hay garantías electorales por ausencia de la comisión de reacción inmediata electoral”.

En las conclusiones del debate pidió a la mesa directiva hacer traslado del acta y registro sonoro del debate a la Fiscalía, Procuradurúa, Consejo Nacional Electoral, Policía, Ejército, Personería, Veedurías, Oficina Anticorrupción, Registraduría y la Comisión de Reacción Inmediata Electoral para dejar constancia de la comisión de delitos electorales que más tarde le costará al erario.

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