El 29 de octubre Córdoba perdería el amparo de la Ley 550: MinHacienda

El 29 de octubre Córdoba perdería el amparo de la Ley 550: MinHacienda

El subdirector de apoyo fiscal del Ministerio de Hacienda, Néstor Urrea, reveló que la Gobernación de Córdoba está ad portas de perder el amparo de la Ley 550, que acuerda la restructuración de pasivos, crea escenarios de pago por grupos de acreedores y evita embargos al ente territorial.

El funcionario dijo que si el 29 de octubre, fecha en la que fue convocada la asamblea de acreedores, el gobierno departamental no ha cancelado los recursos que por sentencia de la Superintendencia de Sociedades se obliga cancelar a la IPS Funtierra, el acuerdo se cae y queda expuesta la Gobernación a embargos de sus cuentas.

El escenario para la administración departamental es complejo porque se le obliga a pagar deudas similares a las que en el pasado reciente provocaron suspensiones, destituciones y hasta detenciones de exgobernadores y exsecretarios de salud.

Según el delegado del Ministerio de Hacienda presente en un evento en Montería, para evitar que se caiga la ley 550, el gobernador debe llegar el 29 de octubre con la certificación del pago de esas acreencias, obligadas por orden de la SuperSociedades, o incurrir en desacato judicial.

Contexto

Es que la gobernación de Córdoba le adeuda, desde el año 2014, 2015, 2016, a Funtierra Rehabilitación, IPS, facturas por concepto de prestación de servicios de salud no pos a la población subsidiada.

Esta empresa de salud, argumentó que durante varios años solicitó que resolvieran su situación legal, pero al no encontrar respuesta, acudió a un juez competente de la Superintendencia de Sociedades, autoridad competente para resolver el caso, por sus funciones jurisdiccionales.

El proceso se desarrolló en audiencias a la Gobernación no se presentó y ante el acto considerado como desestimatorio del mutismo, la Superintendencia ordenó terminación de acuerdo de acreedores.

El juez delegado de procedimientos mercantiles de las Superintendencia de Sociedades, Francisco Hernando Ochoa Liévano, dictó una sentencia que deja sin blindaje a la Gobernación de Córdoba, que antes de esta sentencia estaba protegida por la ley 550.