Judicializan empresario cordobés involucrado en red de corrupción de dineros para el postconflicto

Judicializan empresario cordobés involucrado en red de corrupción de dineros para el postconflicto

El reconocido empresario cordobés, Eduardo Alfredo Ghisays, fue involucrado por la Fiscalía en el grupo de personas investigadas por la conformación de una presunta red de corrupción que se quedaba con los contratos de obras del posconflicto en Colombia.

Así lo divulgó la emisora WRadio en un trabajo de investigación periodística en el que se precisa que la ‘cartelización’ de los contratos de obras financiados con recursos del posconflicto en distintas regiones del país involucraría también funcionarios del Ministerio de Hacienda, senadores de la funcionarios de la Fiduprevisora, entre otras entidades.

Según el informe, desde el año 2017, esta red gestionó de manera irregular varios contratos de la paz, como proyectos productivos y planes de atención a poblaciones afectadas.

Entre los involucrados ya fueron judicializados: Eduardo Alfredo Ghisays, empresario de Córdoba; Milton Cuero, alcalde de El Charco (Nariño); Johan Velásquez, alcalde de Mosquera (Nariño); Federman Riascos consejero de paz de la Tola (Nariño) y el contratista Wilmar Caicedo.

En una audiencia adelantada en la ciudad de Cali, la Fiscalía relató que un grupo de 30 personas de Bogotá, Cali, Montería y municipios de Nariño desangraron los recursos que destinó el Gobierno para la paz en las zonas más afectadas por el conflicto en Colombia.

La Fiscalía contó que Eduardo Ghisays, era el financiador de esta organización criminal y desembolsó gruesas sumas de dineros. “Era conocido en la organización criminal como el amigo de Montería”, relata la Fiscalía al sustentar pruebas ante un juez en contra del empresario cordobés.

El pasado 20 de septiembre de 2019, la Sijín de la Policía de Córdoba y con la ayuda de investigadores que llegaron de la ciudad de Cali, capturaron al ingeniero y contratista monteriano Eduardo Ghisays Vitola, quien era requerido mediante orden judicial emanada de una Fiscalía Especializada  Antibacrim de la capital del Valle del Cauca.

Contratista de la administración de Marcos Pineda, es procesado por los delitos de concierto para delinquir, celebración indebida de contratos, seguimiento e interceptación ilegal al servicio del crimen organizado.


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