La Procuraduría no tiene funciones para suspender al alcalde de Tierralta bajo las consideraciones que expuso en el fallo que profirió el pasado 2 de julio de 2019.

Así lo concluyó el juzgado segundo de Montería al aclarar que si bien la Procurauduría mantiene incólume sus funcions de investigación y sanción a servidores públicos de elección popular, no le está permitido sancionar con destitución e inhabiliad para el ejercicio de derechos políticos a esos funcionarios por conductas diferentes a las catalogadas como actos de corrupción.

“En esos casos, la Procuraudira debe poner en conocmiento de la justicia penal el caso para que en debido proceso se imponga condena si el hecho amerita”, precisa el fallo de tutela que reversó la decisión del Ministerio Púbico que suspendió por tres meses al alcalde de Tierralta, Fabio Otero, por “presuntas irregularidades en el control del orden público, que estarían relacionadas con la invasión de unos lotes y que habrían derivado en el homicidio de la líder María del Pilar Hurtado”.

Según el juez, desde la Procuraduría no hubo un estudio objetivo en cuanto a la situación fáctica y los derechos que podían vulnerar con esa sanción derechos fundamentales como el debido proceso.

La Procuraduría a través de Sergio Segura con poder conferido por la oficina jurídica del Ministerio Público respondió a la tutela manifestando que era improcedente esa acción sumaria porque existe otro mecanismo de defensa judicial, ya que esta acción es subsidiaria, la cual procede cuando se evidencia un perjuicio irremediable que torna ineficaz el medio ordinario, aspecto que según el profesional, no se cumple en el caso del accionante, por lo que sugiere debe acudir a los medios judiciales y o administrativos.

Esas consideraciones fueron rechazadas por el juez señalando desde el fallo de tutela que “el juzgado considera que la acción de tutela si es procedente porque no existe otro medio de defensa judicial con el que se pueda impugnar la decisión de la Procuraduría, en razón que al ser este acto de mero trámite no acepta recurso alguno y con él no se pone fin al proceso disciplinario. El sancionado no puede acudir a la jurisdicción ordinaria y/o administrativa para controvertir la decisión”
Ante ello, dejó sin efecto el auto del 2 de julio de la procuraduría provincial de Montería y las consecuencias administrativas tomadas por la Gobernación de Córdoba.

El alcalde asumió funciones de inmediato, so pena que las investigaciones continúen.

Aquí el fallo completo.

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