Por: Ricardo Ferro
Representante a la Cámara

Que el 90% de los municipios colombianos tengan desactualizado el catastro rural puede ser, más que un descuido, la única razón por la cual nuestros campesinos no han terminado perdiendo sus tierras.

Pero con la puesta en marcha del famoso catastro multipropósito que surgió de los acuerdos de La Habana, esto podría cambiar.

Y no porque esté en contra del catastro multipropósito, porque indudablemente es necesario para permitir que los municipios tengan información exacta de la distribución de su región, en términos de uso y propiedad para mayor inversión, igualmente para avanzar en procesos de formalización de la tierra, así como para contar con seguridad jurídica, y para permitir a los propietarios el acceso a servicios financieros y demás ofertas del Estado.

Sin embargo, para que todo esto se materialice, es necesario excluir el fin fiscalista de la actualización catastral. Que los municipios se bajen del bus de más impuestos y se dediquen primero a ordenar la casa.

Claramente, el catastro multipropósito no puede entenderse en este momento como un mecanismo para mejorar los ingresos de los municipios y distritos.

¿De dónde? Si es que los campesinos cada vez están más pobres.

Si sube el impuesto predial, lo primero que se pone en riesgo es la propiedad privada en el campo colombiano. Y no es una exageración. Es simplemente la consecuencia de un campo que antes de ser cargado con más impuestos, lo que necesita son alternativas para ser más productivo.

De que sirven todas las ventajas que puede tener el catastro multipropósito, si de entrada pone en jaque ni más ni menos que el derecho a la propiedad privada.

Aquí hay que ser consecuentes con la difícil situación que atraviesa el campo y eliminar cualquier decisión que genere más cargas para nuestros campesinos.

La semana anterior cité a la directora del Igac (Instituto Geográfico Agustín Codazzi) al Congreso para que respondiera un cuestionario sobre actualización catastral rural y quejas de propietarios por cobros desmesurados del impuesto predial en ciudades como Ibagué, Tunja, Bucaramanga, Cúcuta, Cartagena y Espinal. ¿Pero por qué es tan importante el asunto? (tanto como para que el debate se transmitiera en directo por televisión nacional).

Pues, porque, o le paramos bolas a lo que está pasando con los impuestos a los bienes inmuebles, o cuando menos nos demos cuenta vamos a pasar de ser propietarios de nuestros predios, a ser simples arrendatarios.

Por lo mismo dejé la siguiente constancia en la sesión: para que la implementación del catastro multipropósito sea exitosa, es indispensable modificar la metodología utilizada para calcular el impuesto predial rural.

Necesitamos una base gravable que dependa de la productividad del bien y no del valor comercial del mismo (así esté castigado al 60%), de lo contrario, terminará convertido en un impuesto confiscatorio para aquellos campesinos cuyos ingresos dependen exclusivamente de su actividad agropecuaria.

Así de grave y así de simple. Un campesino que está recibiendo medio salario mensual en promedio (entre cinco y siete millones de pesos al año) solo tendrá una opción si le suben el impuesto predial como consecuencia de una actualización catastral: entregarle su bien al Estado para pagar sus obligaciones.

Saque de banda I: en estos días el Presidente Duque sancionará la Ley que le pone límites a los incrementos en el impuesto predial. Excelente noticia, principalmente para los propietarios de inmuebles urbanos.

Saque de Banda II: indispensable que esa gran profesional que está al frente del Igac en este momento le devuelva la credibilidad a un instituto que se ha visto envuelto en escándalos de corrupción en los últimos años por cuenta precisamente de actualizaciones catastrales en diferentes regiones del país.

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