Este martes se desarrolló el encuentro entre funcionarios de la Defensoría del Pueblo, el superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Dagoberto Quiroga, y los alcaldes de los municipios del Medio y Bajo Sinú cordobés que desde hace varias semanas se encuentran sin el servicio de agua potable.
En el encuentro, la entidad defensora de derechos humanos reiteró el llamado al operador Aqualia, e instó a que se busquen medidas urgentes que garanticen la prestación de este servicio, que se constituye como un factor en el cumplimiento de otros derechos.
“No nos vamos a cansar en visibilizar y tomar acciones hasta que se atienda y se encuentren soluciones para esta urgencia. Se deben iniciar soluciones estructurales porque, como lo he dicho, se trata de que las comunidades tengan agua potable y gocen de derechos humanos como la salud, la educación, la vivienda, la vida, un ambiente sano, el trabajo y la protección contra tratos inhumanos o degradantes”, dijo el defensor Carlos Camargo sobre este encuentro.
A su turno el vicedefensor, Luis Fajardo, sostuvo que “es importante que la Superintendencia conozca de primera mano y de viva voz de los alcaldes cómo la falta de suministro de agua está afectando a los pobladores y que se entregue información contundente para tomar las acciones administrativas necesarias. El problema es muy grave y requiere una interacción de los sectores privado y público”.
Los mandatarios locales expusieron sus inconformidades ante la Superintendencia, advirtiendo que son varias las comunidades que se encuentran afectadas.
Este fue el caso del alcalde del municipio de Purísima, Néstor Lemus, quien en su intervención señaló que “no solo es el agua potable, nosotros tenemos un municipio con el 80 por ciento de rebosamiento de las aguas residuales y eso tampoco lo solucionan”.
