Procuraduría haría uso del poder preferente para investigar funcionario que repartió tutela que regresó al alcalde de Tierralta a su cargo.

Procuraduría haría uso del poder preferente para investigar funcionario que repartió tutela que regresó al alcalde de Tierralta a su cargo.

El poder preferente de la Procuraduría General de la Nación la faculta para adelantar actuaciones disciplinarias contra cualquier servidor público sin consideración a su jerarquía, cuando lo considere conveniente o necesario.

Bajo esa consideración, La Procuraduría se apresta a llenarse de pruebas para asumir la investigación disciplinaria en contra de Alejandro Bernal Sotomayor, un auxiliar administrativo grado 3 encargado del reparto de los procesos asignados a los distintos juzgados en Montería, señalado de haber presuntamente manipulado el mecanismo para destinar la tutela que regresó al alcalde de Tierralta, Fabio Otero a su cargo.

Para ello, el Ministerio Público le solicitó a la dirección ejecutiva de administración de justicia en Montería que le haga entrega de un informe pormenorizado de la actuación del funcionario frente a la asignación de esa tutela. Con base en esa información harán uso del poder disciplinario preferente para que el mismo Ministerio Público, sea quien investigue al funcionario.

Bernal Sotomayor, fue suspendido por tres meses de su cargo por la dirección ejecutiva de administración judicial en Montería, al encontrarse serios indicios de presunta manipulación al momento del reparto de esa acción de tutela.

El poder disciplinario preferente, figura que acogerá la Procuraduría, busca garantizar la efectividad de los principios y fines previstos en la Constitución, la ley y los tratados internacionales, que deben observarse en el ejercicio de la función pública, como lo aclaró en reciente sentencia la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.

Igualmente, y como lo ha manifestado en diversas oportunidades, el carácter preferente del poder atribuido a la Procuraduría desplaza al servidor que inicia o adelanta una investigación disciplinaria, pero su ejercicio no es obligatorio ni exclusivo, pues al incluir la norma constitucional el vocablo “podrá” advierte que se trata de una atribución facultativa.

El Viceprocurador General de la Nación, Juan Carlos Cortés, confirmó que el Ministerio Público impugnó el fallo de tutela que reversó la suspensión de tres meses del alcalde del Municipio de Tierralta, Fabio Otero Aviléz y ordenó su reintegro al cargo de mandatario.

Para el Viceprocurador hay elementos probatorios que fueron desestimados en la tutela y que no había motivos para levantar la suspensión disciplinaria del alcalde.

La Procuraduría hará uso de todas las herramientas legales para continuar con el proceso disciplinario del alcalde de Tierralta y acompañará la investigación interna en el aparato administrativo de justicia en Montería, al evidenciarse presuntas irregularidades que tildó de “maniobra fraudulenta”

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