Procuraduría indaga presunto favorecimiento político del senador Fabio Amín con la entrega de mercados en Lorica

Procuraduría indaga presunto favorecimiento político del senador Fabio Amín con la entrega de mercados en Lorica

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La Procuraduría General de la Nación abrió un proceso de indagación preliminar para establecer un presunto favorecimiento político del senador Fabio Amín con la entrega de mercados para familias vulnerables en el municipio de Lorica, de donde es oriundo el congresista liberal y cuyo alcalde, Jorge Negrete, es de su cuerda política.

La querella contra el cuestionado político fue puesta en conocimiento por varios ciudadanos que tomaron como referencia las mismas fotografías que publicó el congresista en red social de twitter donde aparece en una bodega de mercados, habilitada por la Alcaldía, entregando raciones alimentarias a personas beneficiarias.

Los mercados que tiene en la mano el senador tienen el sello de la Gobernación de Córdoba y de la Alcaldía de Lorica.

En el trino, el congresista cita al alcalde de Lorica, Jorge Negrete, que ha guardado silencio frente al tema y que podría ser vinculado a la indagación.

Luego de la publicación, Amín fue objeto de duros cuestionamientos.

Varios de ellos están dirigidos a preguntarle ¿por qué toma la tragedia como caballo de batalla para hacer política mediática con recursos del Estado?.

Así mismo se le preguntó, ¿por qué en vez de aprovecharse para alcanzar favorecimientos políticos, no compró de su bolsillo miles de mercados para atender a las familias más pobres de Córdoba?

La mayoría de las interacciones virtuales de ese trino las enlazaban con las cuentas de la procuraduría, que por oficio asumió la indagación preliminar.
Con la indagación preliminar, el Ministerio Público establecerá si hay argumentos para abrir una investigación formal y comenzaría un proceso disciplinario en contra del senador y su alcalde.

La Gobernación respondió como distribuyeron los mercados
El gobernador de Córdoba, Orlando Benítez Mora, dio a conocer la forma como se distribuyeron los 200 mil mercados adquiridos por el departamento, los cuales se entregan a la población más vulnerable, en el marco del confinamiento total obligatorio.

Según el mandatario, para efectos de agilizar la adquisición de estos mercados, se dispuso la firma de un convenio interinstitucional con cada uno de los 30 alcaldes, quienes a su vez adquirieron los productos con proveedores locales, con el objeto de dinamizar la economía en cada municipio.

“Las ayudas dispuestas por el gobierno departamental se coordinarán con las administraciones locales, quienes deberán caracterizar a la población más vulnerable, estratos uno y dos, desempleados, a los que viven de la economía informal, a los adultos mayores y a la población en situación de discapacidad, entre otros y deberán solicitar el acompañamiento de los entes de control, para efectos de garantizar la transparencia en la entrega de los paquetes alimentarios, de suerte que lleguen a las personas que realmente lo necesitan”, explicó el gobernante a través de un comunicado.

De esa manera, el mandatario departamental trasladó la responsabilidad local a los alcaldes con algunas precisiones obligatorias como la de comprarle a proveedores locales y la entrega de los mercados a personas que verdaderamente lo necesiten, pero por ningún lado autorizan a personas externas, como los congresistas amigos de las administraciones a que se aprovechen de la situación para hacer un show mediático.

El gobierno departamental comprometió 5 mil millones de pesos para la firma de esos convenios y distribuir de la siguiente manera el recurso para la compra de los mercados. Según la administración departamental se hizo de la siguiente manera: Montería, 40.000; Lorica, 10.000; Cereté, 10.000; Sahagún 10.000; Tierralta, 10.000; Planeta Rica, 8.000; Montelíbano, 8.000; Chinú 7.000; San Pelayo, 6.000; Ciénaga de Oro, 6.000; Valencia, 5.000; Ayapel, 6.000; San Antero, 5.000; Pueblo Nuevo, 5.000; Puerto Libertador, 5.000; Buenavista, 4.000; Chimá, 4.000; Los Córdobas, 4.000; Moñitos, 4.000; Puerto Escondido, 4.000; San Bernardo del Viento, 4.000; Tuchin, 4.000; San Andrés de Sotavento, 4.000; San Carlos, 4.000; Momil, 4.000; Purísima, 4.000; Canalete, 4.000; Cotorra, 4.000; La Apartada, 4.000; San José de Uré, 3.000.
La compra se hizo en medio de la declaratoria de la calamidad pública en el departamento.

Aquí el comunicado

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