Las alertas las prendió el diputado liberal, Orlando Benítez, al señalar que “hay un notable interés por parte del Gobierno Nacional para acelerar una eventual firma de la RAP (Region Administrativa y de Planificación) entre Córdoba y Antioquia”, figura que califica de interesante, pero la que cuestiona por el poco argumento.

El dirigente político dijo que la Gobernación de Córdoba intentó presentar el proyecto ante la Asamblea, pero con una pobre exposición de motivos, y que según el diputado, no define objetivos como los límites territoriales entre las dos regiones.

“Esta figura es interesante pero no hay que improvisar. Primero defínanos objetivos desde Córdoba y precisemos nuestros límites territoriales. Una decisión tan trascendental para el Departamento amerita un análisis más de fondo. ¿Improvisación? ¿Por qué el afán? ¿Cuál es el trasfondo?”, afirmó Benítez Mora.

Al calificar de irresponsable la discusión acelerada del proyecto, sin precisar los objetivos desde la óptica de Córdoba, advirtió que si se trata de aprovechar las bondades de la herramienta de planificación no se puede improvisar.

Finalmente dijo que, “las decisiones sobre el territorio cordobés deben tomarse por cordobeses desde un Gobierno legítimamente escogido por el pueblo”, dijo al invitar a los gremios y la academia para dar un debate abierto y donde haya una defensa clara de los límites territoriales.

Contexto

Desde hace más de 50 años ambos departamentos se disputan varios territorios limítrofes.

Se tratan de los territorios Puerto Rey, Alto de Carrizal, el río Pegadó y Campo Alegre que están en límites del Bajo Cauca antioqueño y la Serranía del Abibe.

El subdirector de Deslinde de Entidades Territoriales del Igac, ingeniero Marco Tulio Herrera, confirmó que este diferendo se mantiene porque ya se consultó al Congreso y no hubo solución. Lo que obligó a abrir un proceso de deslinde que se adelanta con los delegados de cada gobierno departamental.

Uno de los territorios en disputa es el corregimiento Campo Alegre que, según el alcalde de Caucasia, Óscar Aníbal Suárez, hace parte de su jurisdicción como reposa en todos los documentos que desde hace años tiene el municipio.

Sin embargo, entró en conflicto hace doce años cuando algunos finqueros decidieron tributar con sus 15.000 hectáreas de tierra al municipio de Ayapel, Córdoba, cuando se aumentó el predial por la valorización con la construcción de una carretera entre Caucasia y Nechí.

De acuerdo con un informe del Igac, no se ha dado una solución final porque “ha sido imposible reconstruir la ubicación de los mojones colocados en 1954 y en 1960”, debido a que fueron destruidos por la erosión costera en Punta Arboletes y la extracción de materiales en el Alto de Las Lajas.

Este es uno de los nueve diferendos limítrofes entre departamentos que cursan en las instalaciones del Igac.

Esta es la exposición de motivos que cuestionó el diputado

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