Suspendida secretaria de educación de Córdoba, se defiende asegurando que fue ella quien denunció irregularidades

Suspendida secretaria de educación de Córdoba, se defiende asegurando que fue ella quien denunció irregularidades

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Con “asombro y desconcierto” recibió la suspendida secretaria de educación de Córdoba, Paula Andrea Morales Soto, la decisión de la Procuraduría Regional, de separarla por tres meses del cargo por presuntas irregularidades administrativas en la dependencia que ella misma denunció.

A través de un comunicado a la opinión pública, la funcionaria suspendida, dijo que el pasado 30 de agosto presentó denuncia en la Fiscalía donde narró las irregularidades en el proceso de reclamación de pago de cesantías parciales a docentes, y la respuesta la recibió del Ministerio Público con su suspensión.

La suspendida secretaria asegura que ella cumplió con su deber como servidora y de haber adoptado medidas correspondientes una vez identificadas las presuntas irregularidades en algunos documentos aportados en las solicitudes para el trámite de cesantías parciales en la oficina de Gestión de Prestaciones Sociales del Magisterio.

En su defensa explicó que la Ley 1955 de 25 de mayo de 2019 por medio de la cual se expidió al Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022, responsabiliza en su Artículo 57, a las Entidades Territoriales, de la recepción, revisión, liquidación y reconocimiento de las cesantías de los docentes y directivos; cambiando el procedimiento de manera inmediata en el sentido de no requerir aprobación o desaprobación previa de Fiduprevisora S.A.

Con base en ese antecedente administrativo y tomando en consideración que la Oficina de Gestión de Prestaciones, no contaba con una base de datos de cesantías pagadas por la Fiduprevisora y/0 reportes históricos de Ias mismas, asguró que como secretaria de educación expidió la circular 119 de 30 de Mayo de 2019, mediante la cual se suspende el término en la recepción de solicitudes de cesantías, con el lin de obtener la base de datos por parte de Fiduprevisora S.A y optimizar el proceso.

“Mediante la circular N* 169 de 25 de Julio de 2019 revoco la suspensión de términos y se empezaron a recepcionar en la Oficina de Prestaciones las solicitudes de cesantías pera tramitarlas con el nuevo procedimiento en dicha dependencia por orden de la señora Gobernadora Sandra Devia Ruíz”, precisa apartes del documento.

Resaltó que, debido a las suspensiones, se acumularon un número considerable de expedientes para la respectiva revisión jurídica y posterior autorización de mi parte, “situación por la que mi despacho logra detectar, documentos presuntamente irregulares, como certificados de libertad y tradición donde figuraban datos exactamente iguales con número de matrícula inmobiliaria diferente, promesas de compraventa suscritas con varios docentes sobre el mismo lote de terreno, sospechosas firmas de notarios en autenticaciones, entre otros”.

Precisó que el pasado 29 de agosto citó a una reunión a todos los funcionarios de la oficina que atiende los asuntos en mención, y como resultado inmediato, expidió la Resolución No. 2570, a través de la cual se reestablece el procedimiento y los requisitos para el pago de cesantías, y al día siguiente interpuso denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación donde narre los hechos y las preguntas irregularidades en la documentación aportada por los solicitantes y apoderados.

“…La medida de suspensión provisional en mi contra, adoptada por la Procuraduría Regional de Córdoba, me causa asombro y desconcierto, toda vez que el motivo de por el que se evidencian los hechos fue la especial revisión en los expedientes que tuvo mi despacho, dados a conocer de manera oportuna ante el organismo de control correspondiente”, puntualizó en el escrito.

El proceso deberá ser resuelto en segunda instancia por la Procuraduría que deberá establecer responsabilidades en lo que han denominado el ‘cartel de las cesantías’.

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