Un ‘error’… un ‘olvido’… pero que vale miles de millones de pesos… quién responde…

Por: Toño Sánchez Jr.

Hay veces en la vida que no hay más nada que hacer sino decir la verdad. Porque entre más mientas, más te entierras y subvaloras la inteligencia de los demás y eso sí que es bien irrespetuoso, más cuando se trata de lo público. Por eso la verdad de lo que pasó con el Impuesto Predial de la zona rural de Montería (Para predios de más de 5 hectáreas) tiene que salir a la luz. Tenemos la obligación de saber todo lo que aconteció con ese garrafal “error”, como lo han llamado inicialmente.

En enero de este año un finquero de Montería llegó a la Alcaldía a preguntar por qué se le había triplicado el predial de su finca. El funcionario que lo atendió atribuyó el cobro a un posible error del software de la empresa barranquillera contratada para emitir los respectivos recibos.

Consultó y le respondieron que el cobro era correcto. Pero de todas maneras pidió a sus subalternos el último Acuerdo de las tarifas, el 078 del 29 de diciembre de 2017. Allí verifica que el monto liquidado es legal. Ante esto el finquero le muestra los recibos cancelados de 2018 y 2019, en donde evidencia un alza exagerada del impuesto en mención con relación al recibo de cobro predial del 2020. Esto sí preocupa al funcionario, quien decide consultar a su superior. Después de mirar con detenimiento los recibos, comienzan a mirarse con extrañeza. Es allí cuando llaman a otros servidores del área de hacienda y solicitan los últimos Acuerdos, anteriores al 078 de 2017. Y se tropiezan con el Acuerdo 053 de 2012. Se van directo al Artículo 24, allí se estableció que la tarifa para los predios rurales superiores a 5 hectáreas se le asignó la tarifa del 3.5 x 1000. Todo esto acorde con la clasificación de la Resolución IGAC 070 de 2011. Pero el Acuerdo 078 del 29 de diciembre de 2017 dice  otra cosa. Y como aquella famosa frase que le atribuyen al astronauta ‘Jack’ Swigert del Apolo 13: “Aquí, Houston, tenemos un problema”.

Y qué cipote de problema!!! Se le formó a Montería.

Resulta que desde 2013 todos los propietarios de terrenos rurales, superior a 5 hectáreas, debían pagar con la tarifa del 3.5 x 1000. No hubo ningún inconveniente hasta inicios de febrero de 2020.

Pero el 29 de diciembre de 2017 el Alcalde de Montería, Marcos Daniel Pineda García, sanciona el Acuerdo 078 en donde se modificó de manera integral el Artículo 24 del Acuerdo 053 de 2012. Allí se lee claramente que la nueva tarifa para predios rurales mayores a 5 hectáreas es del 14 x 1000.

El Acuerdo 078 de 29 de diciembre de 2017 es debatido en el Concejo de Montería y luego sancionado por el Alcalde Marcos Daniel Pineda García. (Algunos concejales del actual Concejo aprobaron eso!!!).

Aquí saltan tres interrogantes. El primero, por qué NADIE se dio cuenta de ese descomunal aumento en ese predial. Segundo, por qué no se ‘socializó’ (palabreja que ha servido es para engañar y estafar desde lo público) con los monterianos ese cambio de tarifa. Y el tercero, por qué jamás lo cobraron.

Antes de opinar,- léase bien, opinar-, quiero dejar en claro que yo no debatí ese Acuerdo en el Concejo ni lo sancioné como Alcalde.  Ya que cada vez que uno plantea presuntas omisiones, negligencias o irregularidades de la administración pasada piensan que uno los está persiguiendo. Por lo que ponen a funcionar de inmediato a las ‘bodeguitas’ para injuriar, calumniar y desacreditar.

Qué debió suceder a partir de la sanción por parte del Alcalde de ese entonces, Marcos Daniel Pineda García: que desde el primero de enero de 2018 se empezara a cobrar la nueva tarifa del 14 x 1000.

Aunque usted no lo crea, aunque parezca imposible: ¡No se cobró!

Llegó el año 2019 (Temporada y año de elecciones) ¡Tampoco se cobró!

La razón: Esa sí que es uno de los mayores misterios que anonadan y confunde hoy en día a los monterianos.

Se va a necesitar una gran cumbre de Chevalier Auguste Dupin, Sherlock Holmes, Hércules Poirot, Jules Maigret, Miss Marple, el Padre Brown, Philip Marlowe y no puede faltar el cínico de Sam Spade; los más grandes detectives del mundo para desentrañar este arcano suceso.

Antes del cónclave de estos afamados investigadores se ha sabido que en enero de 2018 el gerente de la empresa barranquillera que maneja el software para emitir los recibos llamó a la Alcaldía de Montería y consultó si “había algún cambio” en el cobro de los impuestos para 2018. El funcionario de la Alcaldía respondió de manera tajante: “No hay cambios, todo sigue igual”. Así lo relató una fuente de alto crédito que estuvo en la conversación por altavoz que se tuvo con un responsable de la empresa en mención.

Y de verdad que es extraño todo esto. Porque del ex alcalde Pineda García se podrá decir que el ego y la soberbia le juegan malas pasadas, pero no es tonto ni bruto ni descuidado.

Aquí, ubiquémonos en todo el año 2018, ¿no se dieron cuenta de lo que pasaba? Y si se dieron cuenta ¿por qué lo callaron? Si era tan sencillo solucionar el problema, a un costo político, claro que sí, pero se solucionaba.
Lo terrible de todo es que llega el año 2019 y pasa lo mismo, no cobraron la nueva tarifa que se estableció en el Acuerdo 078 de 2017.

Permítanme algunas inferencias, a lo mejor equivocadas, pero no con ninguna proterva intención.

Será que los funcionarios, mandos medios, notaron el error y se lo ocultaron al Alcalde. ¿Por qué no existe el Oficio que la Alcaldía de Montería tuvo que dirigirle a la empresa de Barranquilla para que cobre con la tarifa vieja (Acuerdo 053 de 2012)? ¿Por qué no existe el Oficio que la Alcaldía de Montería tuvo que dirigirle a la empresa de Barranquilla para que cobre con la tarifa nueva (Acuerdo 078 de 2017). ¿Por qué en diciembre de 2019 la Alcaldía de Montería no ofició a la empresa barranquillera del cambio, de la omisión o del ‘error’? ¿Será que lo notaron y callaron porque era un año electoral y eso iba a perjudicarlos electoralmente? ¿Será que estaban convencidos de que iban a ganar la Alcaldía y ‘solucionarían’ todo después?

Léanlo bien, por favor, allí está el signo de interrogación. Por lo que son eso, solo interrogantes, más no sindicaciones.

Pero guste o no aquí existe un serio problema fiscal para el Municipio de Montería y tiene que haber una responsabilidad política, fiscal, disciplinaria y no sé si penal.

El otro problema, y no menos grave, que se presenta es el de los ciudadanos de buena fe que ahora tienen que pagar esos dos años (2018 y 2019) y con intereses moratorios.

Aquí cabe recordar que hay fallos de la Corte Constitucional en donde los intereses moratorios no se pueden condonar.

Otro interrogante: ¿Un ciudadano puede alegar el no pago de ese impuesto por una negligencia, omisión u ‘error’ de la Alcaldía?

¿Quién responde a todos esos ciudadanos que quedaron debiendo un impuesto que nunca les cobraron ni los notificaron?

Y para colmo, es al alcalde Carlos Ordosgoitia Sanín a quien corresponde cobrar esos dos años. Pero como en el béisbol cuando el pictcher saliente deja corredores en posición anotadora, que de anotar se le cargan a él, no al entrante.

El alcalde actual suspendió el Acuerdo 078 de 2017 para este año 2020. Y mandó al Concejo un nuevo Proyecto de Acuerdo para reversar el desastre de la anterior administración. Pero el concejo está en operación tortuga, a la espera que los patrones que tienen en la sombra les ordenen qué hacer. (Por ejemplo, el Proyecto de Acuerdo de Tarifa Diferencial para los estudiantes de Montería ni siquiera lo han asignado. Están a la espera de que le hagan manifestaciones a la actual administración para tener como atacarla. Esto es ser bien…).

Para lo que sí es diligente este Concejo de Montería es para darle circo al pueblo,  porque pan (billete) no dan, ese es solo para ellos, y no se atreven a realizar un Debate de Control político sobre el tema. Pero ya verán cuando esta actual administración municipal tenga un traspié como puede tenerlo.

No quiero terminar sin recordar a los funcionarios públicos lo siguiente:

“Los Servidores Públicos en el desarrollo de sus funciones pueden llegar a incurrir en diferentes tipo de responsabilidades, en esta medida, una actuación que no se ajuste a la ley y/o a los reglamentos puede originar consecuencias de tipo Fiscal, Penal, Disciplinaria y Civil” (www.funciónpublica.gov.co).

“El término responsabilidad viene del verbo latino responderé y significa hacerse garante, es decir cargar con las consecuencias de un acto”, Diego Younes Moreno.

“Mediante el proceso de responsabilidad fiscal se procura recuperar los dineros públicos malversados o extraviados como consecuencia de una inadecuada gestión fiscal”. (Fuente Contraloría General de la República).

El Artículo 6 de la Constitución Política de Colombia dice: “Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por OMISIÓN o EXTRALIMITACIÓN en el ejercicio de sus funciones”. (Mayúsculas son mías).

Y ojalá algún día los funcionarios públicos de Montería se aprendan este aparte del Código Civil y lo lleven a lo PÚBLICO: “(…) culpa lata, es la que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aun las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Esta culpa en materias civiles equivale al dolo”. (Artículo 63 del Código Civil).

Hasta ahora solo veo a unos concejales que tratan de torpedear y poner zancadilla a un alcalde que ha dado muestras de querer trabajar por la ciudad, todo con el retorcido e inmoral propósito de que le vaya mal. Y cientos de miles de monterianos, en especial los del Estrato 1 y 2, a la espera de que aquellos aspirantes a concejo y alcaldía cumplan lo que prometieron.

Hasta para ser concejal se necesita grandeza y esos se nos olvidó a la hora de elegir.

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