Una auditoría hecha por la Contraloría General de la República a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), destapó tres hallazgos fiscales por $2.509 millones de pesos.
El organismo de control descubrió retrasos e incumplimientos en indemnizaciones administrativas, un déficit en la cobertura del programa de Reparación Colectiva y una incorrecta reparación de las comunidades étnicas.
“Los hallazgos relacionados con los incumplimientos en materia de reparación son de tal magnitud, que bien pueden llevarse a preguntarse ¿Y la reparación de las víctimas para cuándo?”, relata el informe de la Contraloría.
También se detectó la inexistencia de una ruta para acceder a la indemnización administrativa, que tiene relación con el represamiento de 1.140.145 pagos pendientes por realizar, a 31 de diciembre de 2018.
También quedaron en evidencias muchos obstáculos para poder tener acceso a la solicitud de indemnización.
De acuerdo con los hallazgos, solo seis de las 631 personas incluidos en el Registro Único de Víctimas (RUV) de reparación colectiva han sido reparados de manera integral.
Tras los hallazgos, la Contraloría determinó que los bienes administrados por el Fondo no cumplen con criterios de rentabilidad y se observa ineficiencia en la monetización, así como incumplimiento de la normatividad vigente
